LA TEORÍA DE LOS DERECHOS FRENTE A LA PANDEMIA (II)

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El segundo día del Congreso se destinó a analizar los derechos de personas con discapacidad y personas adultas mayores y a la igualdad y no discriminación en contexto de pandemia. Las ponencias que se presentaron fueron las siguientes:

“La discapacidad y los medios de comunicación en Ecuador” – Mónica Bolaños

La ponencia hace referencia al papel central que ejercen los medios de comunicación en la sociedad. En este contexto, es preciso que los medios de comunicación ofrezcan una percepción adecuada y apegada a la realidad, lo cual involucra el abordaje de la discapacidad y los derechos de las personas que se encuentran en esa condición.

Este trabajo principalmente hace una prospección bibliográfica que da cuenta de las tendencias, fortalezas y desafíos de los contenidos de los medios de comunicación. Recoge los resultados de la sistematización y análisis de fuentes secundarias, en especial bibliografía especializada sobre discapacidad y derechos humanos, contenida en libros, tesis, informes de veedurías y consultorías elaboradas referente a la materia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La lectura de este trabajo se vuelve enriquecedora para quien quiera acercarse al estudio de la discapacidad y de los medios de comunicación como cuestión de derechos humanos, lo cual permitirá a su vez, que este artículo esté mucho más cercano a la realidad ecuatoriana.

“Sistema arbitral de consumo y personas con discapacidad durante la pandemia” – Felipe Orviz

La pandemia del COVID ha contribuido a un aumento exponencial del comercio electrónico del conjunto de nuestra sociedad, donde el colectivo de personas con discapacidad no es ajeno a la nueva forma de adquirir bienes y servicios. Las ciudadanas y ciudadanos han incrementado el consumo a través de las nuevas herramientas de comercio como instrumento para solventar las dificultades generadas por las limitaciones sociales impuestas por el conjunto de las administraciones públicas.

Una nueva forma de consumir que beneficia a las personas con discapacidad, la falta de accesibilidad de los comercios ya no es barrera para poder visualizar los bienes y servicios, a través de los dispositivos electrónicos podemos analizar y comparar las características, precios, comprar, devolver, presentar las reclamaciones, etc. Pero que sucede en el caso de que las personas con discapacidad quieran presentar una reclamación ante los organismos públicos de consumo, ¿ha quebrantado la pandemia los derechos de las personas con discapacidad en su condición de consumidores?

La inmensa mayoría de las Juntas Arbitrales de Consumo a raíz de las medidas de seguridad implantadas por el COVID, realizan las audiencias de consumo por escrito sin dar opción a los consumidores a participar personalmente en las mismas. Una decisión que viola los derechos de las personas con discapacidad que por su condición no pueden realizar sus alegaciones por escrito, máxime cuando dichas administraciones de consumo carecen de la accesibilidad requerida para con sus herramientas de administración electrónica. Esta realidad nos lleva a plantearnos si las medidas de seguridad prevalecen sobre los derechos de las personas con discapacidad que les impide acceder a los sistemas alternativos de resolución de los conflictos en materia de consumo; ¿cómo un ciudadano con una discapacidad sensorial/intelectual puede defender sus derechos como consumidor en un arbitraje de consumo sino puede presentar sus alegaciones?

El objetivo de la ponencia es estudiar la incidencia que las medidas de seguridad implementadas por las administraciones de consumo vulneran los derechos de las personas con discapacidad a la hora defender sus derechos como consumidores, privándoles de los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos en materia de consumo.

“La difícil situación de ser persona adulta mayor en el Perú en tiempos de pandemia” – Mágaly Arredondo Bastidas

El Perú mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Nacional, disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena), debido al brote del COVID-19. El Ministerio de Salud, al día 44 de cuarentena, incluyó a las personas mayores de 60 años, dentro del grupo de riesgo. Sin embargo, al día 59 de cuarentena, consideraron que serían los mayores de 65 años, sin fundamentar por qué la variación del incremento de la edad, máxime sí la Ley de la Persona Adulta Mayor, establece esta condición a partir de los 60 años.

En el día 103 del Estado de Emergencia, se establece las medidas a seguir en la nueva convivencia social; sin embargo, se mantiene la cuarentena focalizada para las personas adultas mayores; siendo que, mediante Decreto Supremo Nº 162-2020-PCM, a los 202 días de confinamiento obligatorio para las personas adultas mayores, se les permite caminatas restringidas a 3 veces por semanas, no superiores a 500 metros respecto de su domicilio, en espacios abiertos y sin aglomeraciones y como máximo de 60 minutos. Esta medida fue polémica en el país, porque contó con respaldo popular pero también fue un detonante para escuchar la voz de las personas adultas mayores respecto del trato que venían recibiendo; por lo que, a los 207 días de la cuarentena, estás medidas fueron convertidas en “recomendaciones”. Sin embargo, a la fecha, no hay ninguna normatividad que establezca la derogación de la cuarentena focalizada para las personas adultas mayores.

De lo expuesto, se aprecia que la cuarentena focalizada para las personas adultas mayores es el confinamiento especifico de este grupo poblacional sin contar con su consentimiento, por el contrario, ha sido una medida indefinida adoptada en contra de su voluntad, aunque con cierto consenso social que no observa la violación de los derechos humanos sino por el contrario ven la medida como una protección a la salud de los adultos mayores, frente a la escasa prestación sanitaria que ofrece el país, lo cual refleja la situación de vulnerabilidad y discriminación que sufren por la edad, dada su ubicación dentro de una estructura de opresión y dominación en relación a la población de personas no adulta mayor.

El Gobierno justifica tal disposición, defendiendo la privación de la libertad de tránsito de la persona adulta mayor (que además irradia en la restricción de otros derechos) en salvaguarda del derecho a la salud; bajo la lógica de pretender evitar el contagio de COVID-19, porque el sistema de salud no se da abasto con la atención a la población; entonces, dado que por larga data se ha descuidado el ámbito sanitario la mejor solución se tradujo encerrar en sus casas a la persona adulto mayor. En ese sentido, se aprecia normatividad incongruente incluso con la lógica, que le prohíbe el goce y ejercicio de derechos fundamentales.

Por ello, se evidencia la discriminación por edad y por ende la privación de derechos de la persona adulta mayor, convirtiéndola en un ser sujeto de protección, o en algunos casos, situándola en un escenario de rezago u olvido; la finalidad pareciera encubrir desaciertos en la estrategia de la pandemia; sin importar que se le despoje de su calidad de persona titular de derecho con pleno goce y ejercicio.

En tiempos de pandemia se ha visibilizado la necesidad de erradicar los estereotipos respecto de la vejez, envejecimiento, edadismo, de considerar a la salud solamente desde un componente biológico olvidando la esfera psicosocial, entre otros aspectos, así como abogar por una Convención Internacional sobre los derechos humanos de la persona adulta mayor, (pese a la discusión, en el ámbito internacional, de establecer sí solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos sería suficiente), que sirva como un instrumento legal que conmine a los Estados a respetar, garantizar y promover los derechos de la persona adulta mayor permitiendo alcanzar su autonomía, el desarrollo de un envejecimiento activo, saludable y por sobretodo una vida digna.

“El cuidado de las mujeres mayores: hacia un sistema nacional de cuidados en México” – Ivonne Millán

La pandemia por Covid-19 ha demostrado la necesidad de contar con un sistema de salud que sea capaz de responder ante situaciones de emergencia y pueda atender a toda la población. La pandemia maximizó las grandes desigualdades que existen entre unas personas y otras, y aunque el virus es uno, no afecta de manera idéntica a todas las personas. Tal es el caso de las mujeres mayores, quienes se han enfrentado a una especial vulneración: la falta de respuesta para protegerlas ante las condiciones de salud subyacentes que son un agravante si se contagiaran de Covid-19; la violencia de género que se ha incrementado de manera alarmante durante el confinamiento; la discriminación y el estigma por el hecho de ser mayores en una sociedad capitalista que clasifica a las personas en productivas y no productivas, entre otras.

Aunque son muchos los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad mundial, en México ya se comenzaba a hablar sobre la importancia de articular un sistema nacional de cuidados, sin embargo, con la pandemia se hizo evidente la necesidad de contar con instrumentos y recursos necesarios para que todas las personas puedan gozar de un cuidado digno a lo largo de todo el ciclo de vida, que esté sustentado en principios como la igualdad sustantiva, la accesibilidad, la interculturalidad, la sostenibilidad, la sustentabilidad, la perspectiva intergeneracional, el principio de interseccionalidad, el principio de inclusión y no discriminación, y el principio de corresponsabilidad.

El Sistema Nacional de Cuidados surge de una lucha feminista que propone la incorporación del derecho humano al cuidado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa se fundamente en la importancia de que el trabajo de cuidados se distribuya entre varios actores: el Estado, el mercado, las comunidades y las familias. La iniciativa busca crear una corresponsabilidad entre todos los actores, pero al mismo tiempo pretende darle al Estado Mexicano un rol central como ente garante de los cuidados mediante la adopción de políticas públicas, servicios y asignación de presupuesto.

El propósito de esta investigación es conocer si el Sistema Nacional de Cuidados puede ser un mecanismo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres mayores ante las problemáticas que las afectan, así como saber si su implementación sería acertada para combatir las desigualdades si otra pandemia se desatara y, finalmente, si el Sistema Nacional de Cuidados responde al envejecimiento saludable.

“(In)visibilización de los grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto de COVID-19” – Jaime Rojas Castillo

La pandemia global por el virus que causa COVID-19 generó impactos severos para las personas, aspecto que plantea nuevos desafíos en la protección de los derechos humanos. Las medidas adoptadas por los Estados para atender y contener la pandemia, así como para revertir y enfrentar sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo, con frecuencia no consideran los efectos diferenciados para los diversos colectivos que integran su población, particularmente aquellos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, reforzando con ellas estereotipos y profundizando en las desigualdades estructurales. En otras oportunidades los Estados realizan esfuerzos que no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos comprometiendo sus obligaciones internacionales. El presente trabajo analiza la (in)visibilización de los grupos en especial situación de vulnerabilidad en las principales medidas diseñadas para abordar la pandemia por COVID-19, tomando como referencia las recomendaciones principales de los órganos de protección de los derechos humanos. Asimismo, indaga en cómo estas medidas pueden constituir un factor que potencie los obstáculos para el ejercicio de los derechos y enuncia las oportunidades que la pandemia puede abrir para configurar una mayor protección de las personas y su dignidad.

“Cárcel y pandemia: profundización de una crisis permanente” – Ángela Peralta Jordán

La ponencia tiene como objetivo diagnosticar la especial situación de vulnerabilidad que sufren las personas privadas de libertad en el contexto de pandemia, a la luz de la categoría de discriminación estructural.

En primer lugar, se analizarán las condiciones de desigualdad material que afectan permanentemente a quienes habitan la cárcel, evidenciando la profundización de estas durante el período de emergencia sanitaria, como resultado del abandono por parte del Estado (particularmente en la protección de los derechos a la integridad y la salud de las personas privadas de libertad) y de las limitaciones de derechos (como el de mantener comunicación con el exterior y a recibir elementos para la subsistencia). En este punto se valorarán como insuficientes las medidas adoptadas por el aparato público para el tratamiento del coronavirus al interior de los centros penitenciarios de Chile y otras partes del mundo.

En segundo lugar, se examinará dicha situación de vulnerabilidad a la luz de la categoría de discriminación estructural, identificando los sistemas de opresión y dominación que perjudican al grupo de personas reclusas, los que están determinados, principalmente, por la intersección de dos factores: la pobreza y la privación de libertad propiamente tal. Tanto desde el punto de vista fáctico como del normativo, se determinará la desventaja o subordinación que obstaculiza el autodesarrollo y la autodeterminación de quienes componen este colectivo, y los limita y/o priva de sus derechos fundamentales. Se sostendrá aquí que la lectura desde el valor de la igualdad, especialmente desde el análisis estructural del fenómeno delictivo, permite romper la parcialidad del Derecho, captar las diferencias de estatus/poder y favorecer el desmantelamiento de la desigualdad sistémica.

Finalmente, se vinculará el análisis antes expuesto con los valores de dignidad y solidaridad, especialmente relevantes en el contexto de pandemia. La necesaria transformación de las estructuras de desigualdad que afectan al grupo de personas privadas de libertad desafía la forma en que la sociedad se relaciona con el encierro y cómo se responsabiliza colectivamente del fenómeno delictivo. Ambos principios guiarán esta labor en términos de formular estrategias que reconozcan y respeten los planes de vida de las y los integrantes de este colectivo, proporcionándoles las condiciones materiales necesarias para que estos puedan alcanzar sus propias expectativas de realización, incluso al interior de la cárcel.

“La prohibición discriminatoria de donar sangre a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres en Brasil y el giro jurisprudencial por la pandemia de Covid-19” – Martha Cavalcante

Tradicionalmente la sociedad entiende que las personas se identifican los géneros femenino y masculino, pero la categoría de la identidad sexual es amplia y diversa, como bigénero, géneros fluidos, tercer sexo, etc.  Esta diversidad de las formas culturales, prácticas o modos de vida de las personas LGTBI es contraria al imperialismo cultural heteronormativo del patriarcado y ha generado una situación de vulnerabilidad a esta comunidad.

La norma analizada es la “Portaria no. 158/2016” que establece, en el art. 64, que se considerará no apto a donar sangre temporalmente durante 12 (doce) meses el candidato que haya sido expuesto a: IV – los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres y/o sus parejas sexuales. Dicha norma no exige el uso de preservativo que es el método más indicado para evitar la contaminación por VIH. Además, solo exige de los hombres heterosexuales que tengan pareja fija, lo que demuestra un criterio no razonable e injustificado para discriminar hombres gays y bisexuales.

La orientación sexual es considerada por la norma como un factor de riesgo, aún que el procedimiento de donación de sangre exija exámenes específicos para evaluar las posibles enfermedades en la sangre, a través del NAT (prueba de ácido nucleico), con la reducción de la llamada ventana inmunológica de 60 para 10 días. 

La norma analizada vulnera los instrumentos internacionales de protección contra la discriminación que se analizarán a continuación. Los instrumentos internacionales examinados son Los Principios de Yogyakarta, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convención Americana sobre Derechos Humanos

Los Principios de Yogyakarta establecen normas de derechos humanos y su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. Sobre los derechos a la igualdad y a la no discriminación, el instrumento plantea que todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección por parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (01). La orientación sexual no está expresamente prevista en la Convención y está encuadrada en cualquier otra condición social.

La Opinión Consultiva OC-24/17 plantea que no toda diferencia de trato será reputada discriminatoria, sino sólo aquella que se base en criterios que no puedan ser racionalmente apreciados como objetivos y razonables, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido (02).

El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también no establece expresamente la protección a la no discriminación por orientación sexual que está encuadrada en otra condición social (03). La Observación General Nº 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destaca discriminación sistémica como un conjunto de actitudes legales, políticas, prácticas o culturales predominantes en el sector público o privado que crean desventajas relativas para ciertos grupos y privilegios para otros grupos y existe en situaciones donde la discriminación está fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la sociedad (04).

La discriminación está basada en el estereotipo de promiscuidad de los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. No existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. La pandemia y la necesidad de ampliación de necesidad de donaciones de sangre destacó el tema con la estimación de un millón y medio de litros de sangre por mes que es cuarenta por ciento (40%) de la capacidad actual y el giro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Brasil.

“El desafío del derecho a la educación en tiempos de pandemia en Bolivia” – Yaneth K. Apaza Huanca

El objetivo de esta ponencia es mostrar cómo Bolivia sobrellevo el desafío de la educación como un derecho social en medio de la pandemia del Covid-19 durante los meses de marzo-octubre del año 2020, algunos antecedentes del mismo son que el 2 de agosto de 2020, el Ministro de Educación a través de una Resolución Ministerial Nº 050/2020 clausuro el año escolar de la gestión 2020 debido a la pandemia, las razones se centraron en argumentar en que no existiría la capacidad de garantizar el acceso a la educación virtual, en específico en las áreas rurales, por lo que se decidió que todos los estudiantes de los diversos niveles pasen al curso siguiente sin reprobación.

Esta decisión fue criticada por diversos sectores sociales y apelada a la justicia a través de una Acción Popular por haber vulnerado un derecho de interés colectivo como es el derecho a la educación consagrado en el art. 77 de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Posteriormente, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia Departamental (TJD) de La Paz, dejó sin efecto dicha Resolución, aunque la misma iría a la instancia judicial siguiente para apelación y de la cual hasta el momento no se tiene noticias.

Estas circunstancias demostraron que la educación en Bolivia es precaria y acrecentó las desigualdades entre los que habitan en el área urbana y rural, por otra parte, la pandemia sigue en curso y es necesario plantearse la forma en que deba enfrentarse esta situación, de no hacerlo el Estado se constituiría como el principal vulnerador de uno de los derechos sociales más importantes de la población boliviana.

Revive el segundo día del Congreso aquí:

NOTAS:

  1. http://www.corteidh.or.cr/
  2. http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es
  3. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
  4. https://www.ohchr.org