LA TEORÍA DE LOS DERECHOS FRENTE A LA PANDEMIA (III)

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El tercer día del Congreso se destinó a analizar la protección internacional de grupos en situación de discriminación y los Desafíos globales al Estado de Derecho. Las ponencias que se presentaron fueron las siguientes:

“La doble dimensión del derecho al asilo y su protección a los DESC de los refugiados” – Yamid Enrique Cotrina Gulfo

En este artículo se analiza el derecho al asilo mediante una doble dimensión que contiene una perspectiva objetiva, entendida como un derecho corolario de la libertad de circulación contemplada en el PIDCP y desde una perspectiva finalista, prevista como una prestación del Estado receptor, en relación a sus obligaciones en materia de DESC respecto a los extranjeros solicitantes de protección internacional. Se propone aplicar los criterios de la Declaración de Cartagena y la Proclamación de Teherán en la protección de los refugiados en el marco de contingencias y emergencias ocasionadas en sus países de origen o de afectación mundial.

“La crisis del COVID-19 y sus secuelas en la igualdad de género: Un análisis de la mujer en la región del Norte de África y Medio Oriente” – Lidia Guardiola

Es indudable que la crisis provocada por el COVID-19 ha sacudido y afectado al presente y el futuro de la población mundial. Los números de personas infectadas y fallecidas han ido en aumento conforme han pasado los meses, donde la región MENA1 ha experimentado una acuciante expansión a lo largo y ancho de sus países. En este escenario, han sido las mujeres las que han sufrido en mayor medida las consecuencias traídas por la pandemia en ámbitos como la salud, la economía o la violencia doméstica (01).

Las mujeres de esta región, como prácticamente alrededor del globo, se han encontrado en primera línea en el plano de la salud para hacer frente al COVID-19, sufriendo además de un incremento y exacerbación en el trabajo no remunerado y en la violencia de género, como ha puesto de manifiesto el informe elaborado por la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE) el pasado 10 de junio (02). Estos factores han situado a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad, pues son las que han mostrado una sobrerrepresentación tradicional en aquellos sectores que han incluido la inseguridad laboral, de ingresos, trabajos domésticos o incluso el contexto de personas refugiadas (03).

Así, y dado el entorno que se ha desarrollado a raíz de la pandemia, los diferentes actores y sujetos han intentado dar respuesta a la situación. Por un lado, las mujeres de la sociedad civil han tenido y siguen teniendo un rol importante en la consecución de sus derechos, siendo representadas por algunas organizaciones o redes de organizaciones, como así lo ha recogido otro informe (04).

Por otro lado, ya se ha comenzado a perfilar la respuesta por parte de los gobiernos a la crisis producida por el COVID-19, la cual deberá tener integrado un plan con perspectiva de género destinado a reducir la brecha de igualdad y conseguir disminuir los efectos que la pandemia está teniendo en los derechos de las mujeres y las niñas. En este sentido, La “Organización de las Naciones Unidas” (ONU), junto con la “Unión Africana” (UA) han llevado a cabo un documento en el que han puesto de relieve los 7 principales puntos o líneas de acción que tienen que tener en cuenta los países a la hora de abordar los derechos de las mujeres africanas en la pandemia5, los cuales se dividen en:

1. Medidas económicas

2. Acceso a la salud

3. Eliminación de la violencia de género

4. Acceso a comida, agua y sanidad

5. Participación en la toma de decisiones

6. Asistencia humanitaria

7. Colección de datos e información desagregados por género

“La aplicación de la ética de la alteridad a los afrodescendientes: un análisis crítico del caso portugués” – Alexandra Lopes

La alteridad es el reconocimiento del otro; es el acto de reconocer una realidad alternativa de la nuestra que, en las sociedades actuales es un presupuesto epistemológico, es decir, una condición ab initio sin la cual no se podría configurar el diálogo intercultural que todos nosotros hacemos, si bien a veces implícitamente.

Por otro lado, si es verdad que la alteridad es una prerrogativa de las sociedades globales en las cuales vivimos, también es cierto que se trata de un tema cuy estudio implica, siguiendo la phronesis aristotélica, una mirada hacia el concreto de modo a comprender como desagua este fenómeno en los diferentes contextos socioculturales.

Así siendo, la presente comunicación versará sobre el status quo de la aplicación de la ética de la alteridad en el Estado Portugués y, en particular, en lo que concierne a la comunidad africana. Se trata de una aportación crítica a los sistemas de integración de esta comunidad en Portugal, teniendo como campo privilegiado de estudio el período pandémico que se atraviesa y, en particular, su impacto sobre la consumación del diálogo intercultural con los afrodescendientes portugueses.

La Afro-descendencia portuguesa afronta, tal como otros grupos de discriminación estructural, el agravamiento de los factores de exclusión social engendrados por la crisis pandémica que todos vivimos. La crisis económica generada por un confinamiento forzado se ha traducido en un refuerzo de las desigualdades en general; un aumento de la pobreza; mayor precariedad laboral y dificultades en el acceso a la habitación, por lo que, aunque no se trate de un fenómeno exclusivamente afecto a los afrodescendientes, es cierto que la pandemia ha contribuido para una intensificación del cuadro general de desigualdad que merece, por ese motivo, ser en esta sede abordado.

Por otro lado, la afro-descendencia es una cuestión palpitante no sólo en Portugal como en prácticamente todos los países. La importancia del tema es, además, reiterada por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamó el periodo de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (05). Ahora bien, si esta iniciativa es digna de aprecio, también representa un claro señal de la persistencia de las desigualdades sociales, así como de las manifestaciones discriminatorias de tipo interseccional.

El legado del colonialismo está todavía presente en la sociedad portuguesa que, tal como en otros contextos, refleja cada vez más un agotamiento de la epistemología moderna, por el hecho de que no se está, al contrario de lo que podría pensarse, ante un fenómeno efémero asiente en la suposición errónea de que su duración estaría limitada al período de adaptación de los llamados retornados a la metrópoli.

Normalmente, la epistemología alternativa surge en íntima relación con las Epistemologías del Sur, en cuanto formas de producción de conocimiento disyuntivas que actúan como mecanismo de respuesta a las injusticias y opresiones de las sociedades colonizadoras.

Sin embargo, urge también traer a colación las epistemologías presupuestas en el propio seno de las Epistemologías clásicas, es decir, las formas de estructuración y producción de conocimiento ancoradas en el paradigma de la Modernidad. Evidentemente, hay que partir del supuesto que, ambas opciones epistemológicas se encuentran en plan horizontal, así como es igualmente cierto que las epistemologías alternativas no están necesariamente vinculadas a un supuesto implícito de superioridad.

“Baldassi y otros versus Francia”: El derecho a la libertad de expresión en Europa para defender los derechos del pueblo palestino” – Nadia Silhi

Tras el fracaso de la diplomacia para hacer respetar el Derecho internacional en Palestina, una amplia coalición de la sociedad civil palestina llamó en 2005 al Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el Estado de Israel hasta que éste respete la legalidad internacional en lo relativo a los palestinos. A quince años de este llamado, el BDS ha ido creciendo a nivel mundial y, a la par, sus detractores. Durante este período, entre otros informes de Naciones Unidas, en 2017 el organismo concluyó que Israel sostiene un régimen de apartheid contra el pueblo palestino.

En este contexto, mediante sentencia de 11 de junio de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que Francia violó el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), de once activistas del BDS, los cuales fueron condenados penalmente por “incitación a la discriminación económica” tras haber llamado al boicot de productos israelíes en supermercados al norte del país en 2009 y 2010.  Al respecto, el TEDH sostuvo que se trataba de ciudadanos comunes, que no hicieron proclamas antisemitas ni causaron destrucción. Así, las acciones de los peticionarios habrían sido una forma de expresión política donde existía un interés público involucrado. Además, el TEDH afirmó que es parte de la naturaleza del discurso político ser controversial y a menudo virulento, lo cual no disminuye el interés público en él comprometido dado que no se transformó en un llamado a la violencia, el odio o la intolerancia.

Con todo, el referido caso no es el único de estas características en Francia ni, más generalmente, en Europa occidental. También en Alemania, Escocia y en el Estado español ha habido y hay procesos penales -con diferentes resultados- contra activistas de la causa palestina que han protestado contra el Estado de Israel y sus partidarios. Si bien evidentemente se trata de ordenamientos jurídicos diferentes, en general, salvo en el caso de Alemania, puede sostenerse que estos procesos han tenido en común la presencia de un elemento racista en los cargos imputados a los activistas. De esta manera, se ha intentado socavar el derecho a la libertad de expresión de los mismos.

A partir de aquí, este trabajo propone atribuir la categoría de defensores de derechos humanos, como está consagrada por Naciones Unidas, a los activistas de la campaña BDS. De acuerdo al Folleto Informativo N°29, tres requisitos deben reunir las personas para ser consideradas defensoras de derechos humanos: aceptar el carácter universal de los derechos humanos, estar efectivamente defendiendo derechos humanos, y, finalmente, conducir sus actividades de manera específica.

Siendo el BDS una campaña que se inscribe en el marco de la acción no violenta, cuyos objetivos dicen relación con el respeto del Derecho internacional por parte del Estado de Israel respecto del pueblo palestino, quienes pongan en marcha la campaña en Europa debieran estar protegidos no solo por el artículo 19 del Convenio de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas sino también por el artículo 10 del CEDH. Y si bien el ser considerado defensor de derechos humanos no aumenta jurídicamente la protección que estos ciudadanos debieran recibir a la hora de ejercer su derecho a defender los derechos del pueblo palestino, les sitúa en una categoría de legitimidad política que los protege de las acusaciones de racismo que se han presentado contra ellos ante los respectivos tribunales nacionales.

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“Juzgando crímenes de lesa humanidad. Avances, retrocesos y qué podemos aprender de la experiencia” – Mariana Catanzaro, Dolores Neira y Hernán Schapiro

El caso argentino es uno de los primeros y más exitosos ejemplos de justicia restaurativa vinculado al terrorismo de Estado. Se trata de un modelo reposa sobre tres pilares fundamentales: memoria, verdad y justicia.

El juicio a las Juntas Militares fue impulsado por un gobierno democrático en 1985, siendo el puntapié inicial de la asunción de responsabilidad de las fuerzas armadas por los crímenes cometidos contra sus propios ciudadanos/as, como parte de la transición a un Estado de Derecho.

El Estado asumió el rol de acusador e investigó a sus propios funcionarios evitando que su estructura fuera utilizada para enmascarar las atrocidades cometidas durante la dictadura. Esto se debió, en parte, a la demanda incansable de organismos de derechos humanos y de una sociedad unida en democracia, que exigía justicia y sanción a los responsables. Sin embargo, el recorrido que va desde el juicio a los comandantes militares hasta los primeros procesamientos de agentes de rangos inferiores tuvo distintos avances y retrocesos, como lo fueron las leyes de Obediencia Debida (1987) y Punto Final (1986) que impusieron límites a la persecución penal en estos casos.

Ciertas medidas adoptadas mediante procedimientos democráticos pueden impedir la investigación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables. La idea que el derecho no es solamente la expresión de la voluntad de las mayorías y que debe garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos, es un concepto que se forjando en el derecho internacional desde el Holocausto. Las disposiciones de eximición de responsabilidad como amnistías o incluso los indultos pueden entrar en conflicto con las obligaciones internacionales de los Estados de investigar las violaciones a los derechos humanos, que no solo fueron asumidas en instrumentos internacionales, sino que, además, es un deber del Estado para con su ciudadanía y para con las víctimas, debido a su derecho de acceso a la justica.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas mediante la ley 25.779 en el año 2003 lo que implicó un cambio en el paradigma de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El sistema de justicia se puso a servicio de las víctimas y sus familiares, quienes pudieron (y aún pueden) participar directamente de la confrontación y juzgamiento de sus victimarios. De esta forma, se configuraba uno de los aspectos centrales de la justicia restaurativa: la reparación.

Actualmente se siguen realizados juicios por crímenes de lesa humanidad en los tribunales de la República, y se enfrentan una serie de desafíos de la justicia en general, y otros propios de su naturaleza en particular.

Durante los últimos años la justicia criminal ha ido abandonando la idea de que el conflicto penal se da exclusivamente entre Estado y acusado en virtud del quebrantamiento de la norma, para darle mayor relevancia al rol de la víctima a lo largo del proceso. Sin relegar sus funciones en la acusación, el Estado ha cedido espacios en pos de una justicia que se adapte mejor a los intereses de las víctimas. En este sentido, hay varios aspectos de los juicios de lesa humanidad que la justicia penal ordinaria puede tomar y adaptar para que este nuevo modelo sea exitoso, entre ellos, el derecho al acceso de la justicia de la víctima, la importancia del testimonio de la víctima y la realización de un juicio como medida de reparación.

“La intimidad de los antiguos comparada con la de los modernos: Algunas reflexiones sobre la autonomía individual y la heteronomía social en la plaza pública digital” – Sebastián Ibarra González

El propósito de este trabajo es aproximarnos con la mayor rigurosidad técnica al estudio del fenómeno de la invasión de la esfera pública sobre la esfera privada, proceso que se ha acelerado debido al incesante desarrollo tecnológico. En el marco de esta discusión surge la necesidad de la protección de la intimidad humana, sin embargo, su comprensión conceptual a través del tiempo ha evolucionado. La hipótesis que intentaremos demostrar es que hay dos concepciones de la intimidad, la que tenían los antiguos y la que tienen los modernos. El cambio de paradigma que desencadenó la evolución conceptual de la intimidad es producto de un hito revolucionario en la tecnología informática, esto es, la invención y convergencia de los microprocesadores informáticos en 1971 e Internet en 1983. Esto es lo que determina la concepción de la intimidad de los antiguos, anterior al hito tecnológico y la comprensión de los modernos, posterior al hito tecnológico.

De forma preliminar diremos que la concepción de la intimidad de los antiguos era entendida como a protección de un espacio reservado exclusivamente para el individuo frente a la intromisión deliberada sin el consentimiento de su titular, dicha pretensión se fundamenta en la aspiración personal de excluir a los demás del acceso a un espacio que sólo le concierne al individuo. La intimidad como categoría jurídica toma la forma de un derecho y libertad fundamental con el propósito de proteger el espacio más exclusivo del individuo frente a cualquier intromisión pública o privada no deseada, es propiamente, la protección de la subjetividad frente al riesgo que supone la uniformidad implacable de la heteronomía social, precisamente, el derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española consiste en la protección de la intimidad humana frente a cualquier intromisión ajena no consentida, aquel espacio donde el ser humano configura su personalidad.

La comprensión de los modernos sobre la intimidad consiste en el control de la información o autodeterminación informativa. Ser libre en la actualidad representa decidir que información pueden o no conocer los demás. El derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales recogido en el artículo 18.4 de la Constitución española reconocería a los individuos la facultad de control sobre los datos, su uso y destino. El desarrollo jurisprudencial que dio lugar al reconocimiento de este derecho frente al tratamiento automatizado de datos personales responde al grado de conciencia social sobre la protección y el valor de la intimidad, pero sobre todo al vertiginoso avance tecnológico. En cualquier caso, la intimidad es un todo compuesto por dos dimensiones jurídicas una negativa o de no interferencia y otra positiva o de control, las cuales, si bien asumen nombres distintos, “derecho a la intimidad” respecto de la primera, y “derecho a la autodeterminación informativa” el bien jurídico protegido por excelencia es la personalidad humana o autonomía individual.

A lo largo del siglo XX las modernas tecnologías de la información han condicionado el desarrollo cultural y social, ROSZAK explica que “la tecnología de la información posee la obvia capacidad de concentrar el poder político, de crear nuevas formas de ofuscación y dominación de la sociedad” (06). Por su parte KNEUER reconoce que “estamos viviendo una nueva coyuntura de la esfera pública impulsada por la digitalización de la comunicación” (07), la cual va acompañada de la consecuente invasión pública sobre lo privado. Sin embargo, e independientemente del impacto positivo o negativo de la tecnología en la sociedad, muchas voces coinciden en que el hombre debe programarla para mejorar el funcionamiento de las estructuras y procesos democráticos.  Luego de distinguir la intimidad de los antiguos comparada con la de los modernos la investigación nos conduce a un terreno prometedor que aún no ha sido suficientemente explorado, esto es, la plaza pública digital, la cual mantiene las notas esenciales del postulado y legado histórico de la ilustración entorno a la idea de esfera pública, la cual, nos es ajena y está exenta al avance tecnológico en las sociedades modernas.

“Reflexiones sobre la cultura de los derechos humanos en el contexto de la cultura constitucional en México” – Ramón Gil

El trabajo pretende realizar un análisis sobre la idea de los derechos humanos, que se ha construido a lo largo de los años en México, bajo la premisa de que ello ha tenido una trascendencia fundamental a la forma en cómo los operadores lo han llevado a la práctica, en el contexto de cómo la sociedad concibe al fenómeno de lo jurídico y a su Constitución. En ese sentido la visión del Derecho que han tenido los operadores jurídicos y la sociedad mexicana en general, se ha traducido en una determinada forma de entender y practicar al Derecho mismo, lo que sin duda ha condicionado la construcción de una determinada cultura jurídica, de una cultura de derechos humanos y una determinada idea de la Constitución.

A la fecha la Constitución mexicana ha tenido más de 700 modificaciones lo que refleja una excesiva actividad reformista de los legisladores, así como el gran aumento del contenido de la Constitución desde su aprobación en el año de 1917. Las constantes reformas no sólo han modificado los contenidos del texto constitucional, sino que además lo han engrosado de manera preocupante casi triplicando su tamaño original, haciendo de la Constitución un ordenamiento sumamente reglamentario en muchas de sus partes. Esta circunstancia ha aumentado la complejidad en la comprensión de la Constitución y de los derechos humanos, sobre todo para la gran mayoría de la población, lo que aunado a otros factores sociales y culturales ha propiciado una débil cultura constitucional, de legalidad y de los derechos, lo que incide en la preocupante crisis de la vigencia real de la Constitución mexicana y de los derechos.

Este trabajo desarrolla algunas líneas argumentativas sobre estos tópicos que dan cuenta de la percepción de los mexicanos sobre el Derecho, los derechos y su Constitución, de su relación con el propio diseño constitucional mexicano, con el aumento preocupante de las reformas constitucionales por periodo presidencial y el aumento de sus contenidos, así como de algunas cifras que reflejan la grave crisis de violencia e ilegalidad que vive México.

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Revive el tercer día del Congreso:

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NOTAS:

  1. La región MENA, alude a los países de Medio Oriente y el Norte de África, específicamente Argelia, Bahrein, Djibouti, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Autoridad Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Túnez, Emiratos Arabes Unidos y Yemen.
  2. OCDE, COVID-19 crisis in the MENA region: impact on gender equality and policy responses, 2020, disponible en https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134470-w95kmv8khl&title=COVID-19-crisis-in-the-MENA-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses (Última consulta 10 de octubre de 2020).
  3. OCDE, COVID-19 crisis response in MENA countries, disponible en https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129919-4li7bq8asv&title=COVID-19-Crisis-Response-in-MENA-Countries (Última consulta 10 de octubre de 2020).
  4. CARE, COVID-19. One More Setback for Refugees in MENA –Especially Women and Girls, disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CARE_MENA_Rapid_Gender_Analysis_Summary.pdf (Ultima consulta 10 de octubre de 2020).
  5. Organización de las Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General 68/237, de 23 de diciembre de 2013, disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/68/237 (última consulta: 11 de octubre de 2020).
  6. ROSZAK, T., “El culto a la información. Un tratado sobre alta tecnología, inteligencia artificial y el verdadero arte de pensar”, Traducción al castellano de BELTRÁN, J., Gedisa, Barcelona – España, 2005, p. 12.
  7. KNEUER, M. “Entre la luz estridente de la publicidad y la sombra protectora. La esfera pública bajo las condiciones bajo las condiciones de digitalidad”, en revista “Sistema 257”, enero 2020, Nro. 257, ISSN: 0210-0223, Madrid – España, pp. 3-18, (p. 5).